Se opone fiscal Bonta a norma del DHS sobre deportaciones sin entrevista

LOS ÁNGELES, California, 2 de octubre de 2026.- El fiscal general de California, Rob Bonta, quien encabeza la coalición de 21 fiscales generales, presentó una carta de observaciones para oponerse a una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos.

Explica Bonta en un comunicado que se trata de una norma que limita la oportunidad de los solicitantes de asilo afirmativo de participar en una entrevista con un funcionario de asilo y explicar por qué no pueden regresar a su país de origen con seguridad.

“Como fiscal general del estado, me comprometo a garantizar que todas las personas en California, independientemente de su situación legal, tengan acceso a un proceso de inmigración justo”, afirmó Bonta.

La coalición que lidera Bonta está integrada por los fiscales generales de Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.

La norma Regla Final Provisional (IFR) permite que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) remita estas solicitudes de asilo directamente a la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR), lo que coloca a los solicitantes en procedimientos de deportación adversariales ante un tribunal de inmigración.

La IFR podría complicar aún más un proceso ya de por sí prolongado para las solicitudes de asilo, lo que podría dar lugar a demoras considerables o a la desestimación de casos que supondrían una carga financiera y psicológica adicional para las personas y las familias que se encuentran en el sistema de asilo.

En la carta de comentarios, el fiscal general Bonta y la coalición argumentan que la IFR infringe la ley federal y es particularmente perjudicial para los menores no acompañados, quienes, en virtud de la Ley de Reautorización de la Protección a las Víctimas de la Trata, tienen derecho a que sus solicitudes de asilo sean escuchadas a través del proceso de adjudicación no contradictorio del USCIS, y no de la EOIR.

“Durante décadas, los solicitantes de asilo afirmativo han tenido la oportunidad de explicar a un funcionario de asilo capacitado por qué no pueden regresar a su país de origen con seguridad debido al temor a la persecución, pero la norma promulgada apresuradamente por el DHS les priva ilegalmente de esa oportunidad. Siempre lucharemos contra las políticas migratorias crueles y defenderemos a nuestros niños inmigrantes y a las comunidades de todo el país”, sostiene.

Señala el comunicado que la IFR lleva a los solicitantes de asilo directamente a un proceso judicial contradictorio, en el que un fiscal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas argumenta en contra de su solicitud, con una tasa de denegación que alcanzará el 94 % en junio de 2026.

Además, debido a que los jueces de inmigración ahora suelen rechazar las solicitudes de asilo sin conceder a la persona una audiencia completa sobre el fondo del caso, es posible que muchas de ellas ni siquiera lleguen a comparecer ante un tribunal.

El DHS estima que la norma podría dar lugar a que aproximadamente 130 mil futuros solicitantes de asilo afirmativo sean remitidos sin una entrevista cada año y podría afectar hasta 444 mil casos que ya están pendientes en la acumulación de casos de asilo de la EOIR.