Buscan proteger a 2,300 adultos ante fin de un beneficio de Medi-Cal
LOS ÁNGELES, California, EU, 17 de noviembre de 2026.- El Condado de Los Ángeles busca fortalecer la supervisión de las viviendas de recuperación para personas con problemas de adicciones, ante denuncias de posibles prácticas ilegales, fraudes y abusos en establecimientos que operan fuera del sistema de tratamiento clínico.
La propuesta fue presentada por la supervisora Lindsey Horvath ante la Junta de Supervisores y plantea desarrollar un protocolo coordinado entre distintas dependencias para investigar posibles irregularidades en las llamadas sober living homes, residencias que ofrecen alojamiento libre de alcohol y drogas, así como apoyo entre personas en recuperación.
A diferencia de los centros que proporcionan tratamiento médico, desintoxicación o servicios clínicos, estas viviendas no requieren una licencia del Departamento de Servicios de Atención Médica de California cuando funcionan exclusivamente como espacios residenciales. Esta situación genera vacíos de supervisión que, de acuerdo con la moción, podrían ser aprovechados por operadores que incurren en actividades fraudulentas o ponen en riesgo a sus residentes.
El documento presentado por Horvath señala que entre las prácticas irregulares identificadas históricamente se encuentran cobros a seguros médicos o a Medi-Cal por servicios que no fueron proporcionados, así como casos en los que operadores habrían suministrado sustancias a residentes para mantener su dependencia y continuar facturando por sus servicios.
La iniciativa solicita que la Fiscalía del Condado, Salud Pública, el Departamento del Sheriff, Protección al Consumidor, Planificación Regional, Obras Públicas, el Departamento de Bomberos y otras dependencias trabajen conjuntamente para mejorar los mecanismos de denuncia, compartir información y determinar qué autoridad debe investigar cada caso.
También plantea establecer medidas para proteger a los residentes cuando una vivienda sea cerrada por una intervención de las autoridades. Entre las acciones contempladas están garantizar traslados seguros, transporte, continuidad de medicamentos, acceso a naloxona y conexión con otras opciones de vivienda o tratamiento cuando sea necesario.
La propuesta establece que las medidas deberán respetar las leyes federales y estatales de vivienda justa y protección de personas con discapacidad, por lo que las investigaciones deberán enfocarse en posibles conductas ilegales y no en la condición de salud de quienes viven en estas residencias.
Horvath solicitó que las dependencias involucradas presenten un informe en un plazo de 120 días, con recomendaciones sobre los mecanismos de supervisión, las facultades legales disponibles, las necesidades de personal y los recursos económicos necesarios para atender el problema.




