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BOYLE HEIGHTS, Los Ángeles, 11 de noviembre de 2026.— La presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área de emergencias del Adventist Health White Memorial en Boyle Heights provocó protestas y exigencias de explicaciones al hospital, luego de que los agentes bloquearan durante horas el acceso de ambulancias mientras acompañaban a una persona bajo su custodia que necesitaba atención médica.
El incidente ocurrió la noche del viernes 6 de noviembre y se extendió hasta las primeras horas del sábado. El hospital confirmó que los agentes federales trasladaron a una persona detenida a la sala de emergencias, aunque no informó cuál era su condición médica. De acuerdo con información del centro médico, las ambulancias fueron desviadas durante aproximadamente dos horas.
La presencia de ICE generó preocupación entre residentes y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, quienes se congregaron afuera del hospital.
El sábado 7 de noviembre, integrantes de la comunidad marcharon desde Mariachi Plaza hasta el centro médico para exigir que se proteja a los pacientes y que las autoridades migratorias no interfieran con los servicios de salud.
La movilización contó con la participación de la senadora estatal María Elena Durazo, el asambleísta Mark González, la concejala Ysabel Jurado y la alcaldesa electa de Los Ángeles, Nithya Raman, además de representantes de organizaciones comunitarias.
Durante la protesta entregaron una carta al presidente del hospital, Daniel Fontoura, para solicitar explicaciones sobre lo ocurrido y mayores garantías para pacientes y trabajadores.
Entre sus exigencias, los firmantes pidieron un informe detallado sobre el operativo, protocolos para impedir que agentes migratorios bloqueen las entradas de emergencia, medidas para proteger la privacidad de los pacientes y claridad sobre cualquier coordinación entre el hospital y ICE.
También solicitaron una respuesta por escrito antes del 21 de noviembre y una reunión con representantes de la comunidad.
Fontoura aseguró que ICE no acudió por invitación del hospital y negó que exista una relación especial o un contrato con la agencia.
También afirmó que el personal médico rechazó la solicitud de los agentes de permanecer en la misma habitación que el paciente y su médico. En un comunicado posterior, el hospital reiteró que no participa ni facilita operaciones migratorias y que su compromiso es atender a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también condenó la presencia de los agentes y pidió a la administración del presidente Donald Trump detener las acciones migratorias en instalaciones de salud.
ICE, por su parte, declinó ofrecer detalles sobre el operativo, pero sostuvo que no tiene como objetivo hospitales, escuelas ni iglesias.
El caso también puso nuevamente en discusión las protecciones establecidas en California por la ley SB 81, vigente desde septiembre de 2025, que protege la información médica de los pacientes y establece límites al acceso de agentes migratorios a áreas no públicas donde se brinda atención.
Una guía del fiscal general estatal también contempla protocolos para los casos en que agentes acompañan a personas bajo custodia para recibir atención médica, con medidas para proteger su privacidad y evitar interferencias o retrasos en el tratamiento.




