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LOS ÁNGELES, California, EU, 5 de noviembre de 2026.- La Fiscalía del Condado de Sacramento, a cargo de Thien Ho, rechazó firmemente la conmutación masiva de condenas a muerte anunciada por el gobernador de California, Gavin Newsom. El fiscal enfatizó que cualquier propuesta para modificar o abolir la pena capital debe situar en el centro a las víctimas, a sus familias y a las comunidades marcadas por los crímenes más atroces.
A través de un pronunciamiento oficial emitido tras la medida adoptada por el ejecutivo estatal, la institución señaló que la justicia penal requiere un análisis individual de cada expediente y no la imposición de decisiones colectivas. Ho recordó que cada sentencia de muerte se dicta tras años de un minucioso proceso judicial que incluye la evaluación de jurados, jueces y múltiples instancias de apelación obligatoria.
Asimismo, la fiscalía advirtió que la conmutación generalizada otorgada por el gobernador Newsom vulnera el debido proceso y va en contra de la voluntad popular expresada por los ciudadanos de California. En dos ocasiones la ciudadanía ha votado en contra de abolir la pena capital, reafirmando en 2016 —mediante la Proposición 66— que esta sanción debe preservarse para los delincuentes más peligrosos del estado.
A statement from Sacramento County District Attorney Thien Ho. https://t.co/NuspYtYFci
— Sacramento County DA (@SacCountyDA) November 6, 2026
Para argumentar la gravedad de mantener esta medida frente a la decisión del gobernador, el organismo hizo referencia a casos de alto impacto en el estado, entre ellos el de Charles Ng, condenado por el secuestro, violación, tortura y asesinato de al menos 12 personas —entre ellas dos bebés—; Richard Allen Davis, sentenciado por el secuestro y homicidio de la menor de 12 años Polly Klaas; y Cary Stayner, conocido como el "Asesino de Yosemite", responsable del asesinato de cuatro mujeres.
La Fiscalía del Condado de Sacramento y su titular concluyeron reiterando su compromiso con el cumplimiento estricto de las leyes aprobadas por los votantes y la defensa permanente de los derechos de las víctimas en el sistema judicial penal.




