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SANTA ANA, California, EU, 12 de noviembre de 2026.- Familiares de víctimas de delitos violentos y representantes de la Fiscalía del Condado de Orange rechazaron el plan anunciado por el gobernador Gavin Newsom para conmutar las sentencias de muerte de 548 personas condenadas en California, durante una conferencia de prensa realizada este jueves en Santa Ana.
Entre las familias participantes estuvo la de Quiana Jenkins-Pietrzak, quien fue asesinada junto con su esposo, Jan Pietrzak, el 15 de octubre de 2008. La pareja tenía 26 y 24 años, respectivamente, y llevaba apenas 67 días de casada. Tres de los cuatro exintegrantes de la Marina acusados por el crimen recibieron sentencias de muerte.
Durante una entrevista, la madre de Quiana describió la decisión como una “pesadilla total” y recordó que su familia lleva 18 años enfrentando el dolor por la pérdida de su hija. “No duermo”, expresó al hablar de cómo vive esta situación. También manifestó que “no puedo dejar de rezar” y que quisiera “tener a mis hijos en casa con nosotros”.

El fiscal del condado de Orange, Todd Spitzer, cuestionó que Newsom intervenga en sentencias que fueron determinadas por jurados y posteriormente revisadas por los tribunales. Sostuvo que la Suprema Corte de California ya examinó esos casos y confirmó las condenas. “Revertirlas socavaría el sistema judicial”, afirmó.
Spitzer también recordó que, cuando Newsom estableció la moratoria de las ejecuciones en 2019, se comprometió a “no imponer su voluntad política sobre los casos del corredor de la muerte” y a respetar las decisiones de los votantes. El fiscal anunció que su oficina presentará el próximo lunes 16 de noviembre una petición ante la Suprema Corte estatal para cuestionar el proceso de conmutación.
Por su parte, el investigador de la Fiscalía, José Flores, explicó que la conferencia buscaba dar espacio a las familias afectadas. “Queríamos darles a las víctimas la oportunidad de tener voz”, señaló. Agregó que, desde la perspectiva de la Fiscalía, quienes han sufrido durante años por estos crímenes “están volviendo a ser víctimas”.

Flores también manifestó la preocupación de la Fiscalía ante la posibilidad de que algunos condenados puedan solicitar revisiones de sus sentencias después de cumplir 25 años en prisión. Sin embargo, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) aclaró que las personas condenadas a muerte y aquellas que reciban una conmutación durante su encarcelamiento están excluidas del nuevo procedimiento de revisión de sentencias de la Junta de Audiencias de Libertad Condicional.
Newsom anunció el 5 de noviembre que ejercerá su autoridad constitucional para cambiar las 548 sentencias de muerte por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El gobernador argumentó que la pena de muerte es incompatible con los valores de California y que el sistema ha demostrado fallas. La medida no significa la liberación de los condenados ni elimina la pena capital para futuros casos; su aplicación está sujeta a los procedimientos legales correspondientes.





