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LOS ÁNGELES, California, EU, 18 de noviembre de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), en conjunto con el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) y la Oficina del Inspector General del VA, anunció acciones legales contra 15 acusados por presuntamente defraudar programas de beneficios destinados a exveteranos.
El fiscal general adjunto Colin M. McDonald subrayó que los beneficios de los veteranos no son simples pagos gubernamentales, sino derechos obtenidos mediante el servicio, el sacrificio y las lesiones sufridas en defensa de la nación.
“Son beneficios merecidos, obtenidos a través del servicio, el sacrificio, los despliegues, las lesiones, el tiempo lejos de sus seres queridos y la voluntad de servir a una causa mayor que ellos mismos. Los resultados de hoy demuestran el compromiso del Departamento de Justicia de proteger a quienes han servido a nuestra nación, salvaguardar los recursos de los contribuyentes y preservar la integridad de los programas federales”, afirmó McDonald en conferencia de prensa.
De acuerdo con un comunicado oficial emitido por el Departamento de Justicia, la ofensiva judicial se enmarca en la Semana Nacional de Concientización sobre los Veteranos y contó con la participación de la División Nacional de Lucha contra el Fraude y 17 fiscalías federales de todo el país.
La operación nacional coordinada, ejecutada entre el 1 de septiembre de 2026 y mediados de noviembre, detectó esquemas delictivos cuyo objetivo representaba una pérdida estimada de más de 3.4 millones de dólares para el erario federal. Durante este mismo periodo, los esfuerzos de las autoridades lograron sentencias, acuerdos de culpabilidad y veredictos judiciales que suman más de 19 millones de dólares en pérdidas previstas vinculadas a delitos contra esta comunidad.
Como parte de la estrategia de cumplimiento de la ley, la División de Fraude informó sobre la creación del Grupo de Trabajo Federal contra el Fraude de Texas. Esta nueva unidad integra a los fiscales federales de los cuatro distritos de dicha entidad: Ryan Raybould, Aaron Reitz, Justin Simmons y Jay Combs, junto con agencias policiales locales, estatales y federales para combatir de forma permanente las estafas en el estado.
Between Sept. 1, 2026, and today, the Fraud Division and 17 U.S. Attorneys’ Offices across the country participated in this first-ever coordinated national surge focusing on VA Benefits. The nationwide focus resulted in charges against 15 defendants whose alleged and proven crimes intended an estimated loss of revenue to the federal government of more than $3.4 million. The surge also included sentencings, pleas, and trial verdicts totaling more than $19 million in intended loss for the same time frame. Read more: https://t.co/et1l1W4vhJ
— National Fraud Enforcement Division (@DOJFraudDiv) November 17, 2026
Entre los expedientes destacados por las autoridades figura el de Darlene Toman, en el Distrito Norte de Ohio, acusada de sustraer más de 940 mil dólares a veteranos con graves discapacidades físicas y mentales cuyas finanzas administraba.
En el Distrito de Columbia, Shawn Lightfoot enfrenta cargos por presuntamente robar 150 mil dólares a su vecino, un veterano discapacitado de 78 años, utilizando sus compensaciones para financiar sus propios negocios de comida y cafetería.
La iniciativa también expuso casos de corrupción interna y abuso contractual. En Texas, la empleada del VA Heidi Brady fue acusada de desviar pagos por discapacidad hacia su cuenta personal, mientras que Yolanda Johnson Sayed enfrenta cargos en Houston por un esquema de tarifas infladas en equipos protésicos valorado en 182 mil dólares.
En Florida, un jurado declaró culpables a Matthew West y Kevin Kutina por obtener fraudulentamente un contrato de 8.9 millones de dólares reservado para empresas de veteranos discapacitados; las fallas estructurales en la obra obligaron a demoler el Centro de Terapia de Infusión Oncológica sin que fuera reconstruido.
Otros fallos judiciales alcanzaron el ámbito educativo y el robo de identidad. En el Distrito Medio de Florida, Zachary Somers Hiscock y Arif Hasan Sayed fueron hallados culpables de defraudar los fondos educativos del programa GI Bill mediante reclutamiento ilegal por comisiones en centros tecnológicos de Arizona y California.
En Virginia Occidental, Barbara Ferrell admitió haber robado más de 114 mil 600 dólares como fiduciaria de un familiar, y en el sur de Florida, Michael Christopher Comiskey fue acusado de apropiarse de casi 70 mil dólares cobrando beneficios tras el fallecimiento de un beneficiario.




