Protege coalición fondos de internet para escuelas públicas de California

LOS ÁNGELES, California, EU, 14 de octubre de 2026.- El fiscal general de California, Rob Bonta, se unió a una coalición de fiscales generales de distintos estados para solicitar a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que descarte una serie de propuestas que podrían reducir, limitar o incluso eliminar el programa federal E-Rate, una iniciativa que durante tres décadas ha ayudado a escuelas y bibliotecas públicas a financiar el acceso a internet y otros servicios de telecomunicaciones.

En una carta de comentarios presentada ante la FCC, la coalición argumentó que las modificaciones planteadas pondrían en riesgo un programa del que dependen miles de instituciones educativas y bibliotecas para sus actividades académicas y operativas. Además, sostuvo que varias de las propuestas exceden la autoridad legal de la comisión y podrían violar la Ley de Procedimiento Administrativo.

“El financiamiento proporcionado a las escuelas a través del programa E-Rate es vital para garantizar que nuestros estudiantes reciban la educación de calidad que merecen”, afirmó Bonta. Añadió que, en una época en la que la tecnología desempeña un papel cada vez más importante en la enseñanza, es fundamental proteger el acceso equitativo a las herramientas digitales en lugar de restringirlo.

Actualmente, el programa E-Rate ofrece descuentos de entre 20 por ciento y 90 por ciento en servicios elegibles de telecomunicaciones y tecnología, dependiendo del nivel de necesidad económica de los estudiantes de cada distrito escolar, recoge un comunicado de la Fiscalía de California.

Más del 90 por ciento de las escuelas públicas del país han utilizado este apoyo para acceder a internet de alta velocidad, infraestructura inalámbrica y otros recursos tecnológicos.

La FCC anunció el 14 de agosto de 2026 un proceso para evaluar posibles cambios al programa. Entre las opciones consideradas se encuentran la eliminación total de E-Rate, la exclusión de determinados servicios del programa, restricciones para centros Head Start y aulas de preescolar, reducciones en el apoyo a distritos urbanos y cambios en los criterios utilizados para medir la pobreza estudiantil.

La coalición también expresó preocupación por propuestas que podrían condicionar la recepción de fondos federales al cumplimiento de determinadas políticas educativas impulsadas desde el gobierno federal. Según los fiscales generales, la FCC carece de autoridad para intervenir en decisiones que corresponden a gobiernos estatales y distritos escolares.

En el documento enviado a la comisión, los estados sostienen que poner fin al programa o reducir significativamente su alcance contradiría las obligaciones establecidas por la Ley de Telecomunicaciones de 1996, que exige garantizar un acceso asequible a los servicios de comunicación para escuelas y bibliotecas.

Asimismo, advierten que los cambios planteados podrían generar importantes costos administrativos, operativos y educativos para los distritos escolares que durante décadas han dependido de estos recursos para mantener conectados a estudiantes y docentes.

Además de California, la iniciativa cuenta con el respaldo de los fiscales generales de Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y el Distrito de Columbia.