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LOS ÁNGELES, California, EU, 13 de noviembre de 2026.- El fiscal general de California, Rob Bonta, y la secretaria de Estado, Shirley N. Weber, obtuvieron una sentencia judicial definitiva que declara ilegal la Medida B del condado de Shasta y prohíbe permanentemente su aplicación.
Según informó un comunicado, la Medida B habría exigido a los votantes que presentaran una identificación con fotografía emitida por el gobierno para inscribirse para votar y votar en persona, habría eliminado el voto por correo y la mayoría de las opciones de votación anticipada, así como esperaba habría obligado a contar las papeletas a mano y creado un sistema de inscripción de votantes del condado independiente, desconectado del estado.
Por estas razones, el fiscal general y la secretaria de estado solicitaron la medida cautelar que impidió la implementación de la Medida B durante las elecciones del 3 de noviembre de 2026 y defendieron con éxito la medida cautelar en apelación. Esta intervención buscó proteger la uniformidad del proceso para los más de 116 mil votantes registrados en el condado ante la cercanía de los plazos electorales.
Esta sentencia definitiva invalida la Medida B y garantiza que el condado de Shasta siga celebrando sus elecciones de conformidad con las leyes electorales del estado.
El litigio inició formalmente el 30 de junio de 2026 ante el Tribunal Superior del Condado de Shasta. De acuerdo con los argumentos presentados por la Fiscalía y la Secretaría de Estado, la jurisdicción excedió su autoridad constitucional, ya que los condados autónomos carecen de facultades de autogobierno para establecer sus propias reglas en materia electoral y deben sujetarse a la legislación estatal.
Tras conocerse la resolución, el fiscal general Rob Bonta señaló que la decisión detiene un intento de interferencia en el proceso democrático y reafirma el compromiso de su oficina para asegurar que las elecciones sigan siendo justas y protegidas.
“En California estamos comprometidos a garantizar que todos los votantes con derecho a voto puedan participar en nuestra democracia ejerciendo su derecho al voto. Y no toleraremos ningún intento de interferencia en el proceso electoral de nuestro estado”, afirmó Bonta.
La secretaria de Estado, Shirley N. Weber, calificó la iniciativa como una pérdida de tiempo y de recursos de los contribuyentes, asegurando que los promotores impulsaron la propuesta a pesar de conocer su ilegalidad.
Esta resolución judicial se suma a otras actuaciones recientes encabezadas por la Fiscalía General de California en materia electoral.




