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LOS ÁNGELES, California, EU, 11 de noviembre de 2026.- La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles aprobó el martes por unanimidad una moción para establecer un proceso que permita identificar y documentar presuntas pandillas y grupos secretos dentro del Departamento del Sheriff (LASD), ante las denuncias de abusos, falta de transparencia y posibles vínculos entre agentes y estas agrupaciones.
La propuesta, presentada por la supervisora Holly Mitchell, instruye al sheriff Robert Luna a trabajar con la Oficina del Asesor Jurídico del condado, la Oficina del Inspector General y la Comisión Civil de Supervisión del Sheriff para desarrollar un marco de identificación y rendición de cuentas. La moción contempla analizar patrones de conducta, nombres, símbolos, tatuajes, investigaciones internas y testimonios de la comunidad. También establece mecanismos de revisión en instalaciones del departamento y un sistema público para recibir denuncias.
Entre sus puntos centrales, la iniciativa permite identificar públicamente a grupos a partir de investigaciones internas, sin que necesariamente existan cargos criminales o condenas contra sus integrantes. Además, contempla retirar símbolos racistas de instalaciones y equipos del departamento. Se establecieron distintos plazos de 90, 120 y 180 días para presentar informes, desarrollar el marco de identificación y realizar revisiones.

Mitchell reconoció los esfuerzos de la actual administración para atender el problema, pero consideró que todavía falta trabajo. “Reconozco plenamente que usted ha realizado varios esfuerzos para abordar este problema, como lo expuso en la audiencia anterior. Y espero que también esté de acuerdo en que todavía queda mucho trabajo por hacer”, expresó al dirigirse al sheriff.
Durante los comentarios públicos, familiares expusieron denuncias sobre el comportamiento de integrantes del departamento.
La madre de Carlos Ortiz, conocido como Charlie, un joven de 16 años asesinado el 28 de enero de 2026, aseguró que información personal y confidencial relacionada con el homicidio de su hijo habría sido compartida con familiares de los acusados. También cuestionó la manera en que algunos agentes le proporcionaron información sobre el caso. “Esto no es aceptable”, manifestó, y expresó preocupación por posibles conexiones entre integrantes del Sheriff y pandillas, así como por los riesgos que la divulgación de información representa para familiares y testigos.
Por su parte, Teresa de Jesús Ponce Arias pidió justicia para su hija, una joven con parálisis cerebral que, según denunció, fue víctima de abusos y amenazas. Explicó que acudió a la Junta porque su hija tiene dificultades para defenderse y pidió apoyo para otras personas con discapacidad que también enfrentan violencia. “Mi hija no puede defenderse, por eso estoy aquí para pedir justicia para ella”, expresó. Durante su intervención no precisó una relación entre el hombre al que señaló y el Departamento del Sheriff.

El sheriff Robert Luna defendió las medidas implementadas durante su administración y reiteró su compromiso de erradicar las pandillas dentro del departamento. También señaló que las investigaciones deben enfocarse en las conductas de los agentes y realizarse conforme a la ley. Informó que hasta finales de septiembre se habían abierto 47 investigaciones relacionadas con presuntas pandillas: 32 estaban cerradas y 15 seguían pendientes. De los casos concluidos, 20 fueron remitidos a Asuntos Internos y 12 no requirieron acciones adicionales.
Con cinco votos a favor y ninguno en contra, la Junta aprobó la moción. La decisión establece una ruta de trabajo para identificar estas agrupaciones, revisar las denuncias y fortalecer la supervisión del Departamento del Sheriff, aunque las investigaciones y los informes posteriores determinarán los resultados concretos.




