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LOS ÁNGELES, California, EU, 10 de noviembre de 2026.- El Departamento de Educación de los Estados Unidos inició una serie de investigaciones y medidas de cumplimiento contra distritos escolares de Albuquerque y Santa Fe, en Nuevo México, por presuntos incidentes que implican ocultar transiciones de género de los estudiantes a sus padres.
“Los padres tienen derecho a ser informados sobre la salud mental de sus hijos y a tener acceso a la información más sensible sobre el bienestar de sus hijos sin que las escuelas se interpongan en su camino”, señalan autoridades federales en un comunicado publicado el lunes 9 de noviembre.
Las indagatorias enfocadas en las escuelas públicas de Albuquerque y de Santa Fe las lidera la Oficina de Políticas de Privacidad Estudiantil (SPPO) del Departamento.
Su objetivo es determinar si los planteles infringieron la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) y la Enmienda de Protección de los Derechos del Alumno (PPRA). Estas legislaciones federales obligan a las instituciones educativas a garantizar el acceso de los padres a los expedientes de sus hijos y a solicitar consentimiento previo para recabar datos sobre aspectos psicológicos o sexuales.
Las autoridades federales presumen que estos distritos mantienen políticas que impiden que el personal escolar comparta información sobre la identidad de género o cambios de nombre de los alumnos con sus progenitores.
“En Santa Fe, supuestamente se les preguntó a los alumnos qué nombre o pronombre preferían usar en clase, todo ello sin que los padres lo supieran ni dieran su consentimiento”, señalan.
Explican que en Santa Fe se documentó el uso de planes de apoyo y formularios titulados Hoja de información sobre el nombre y el pronombre. Estos documentos consultan directamente a los menores sobre sus preferencias en el aula e instruyen explícitamente al personal a mantener dicha información en confidencialidad ante las familias, preguntando incluso cómo referirse al estudiante al hablar con los padres.
En el caso de Albuquerque, los informes indican que se impidió a una trabajadora social reportar a los padres la identidad de género de un estudiante. La Directiva de Procedimiento PJ30, una normativa local, exige el uso de nombres y pronombres elegidos en interacciones sociales y registros informales, mientras que impone mantener el nombre legal y el sexo biológico en los expedientes permanentes a los que acceden los padres.
Las acciones federales también se extienden a Pensilvania, donde se investiga al Distrito Escolar de Pennsbury por facilitar la transición social de una alumna durante tres años mediante la creación de identidades paralelas sin conocimiento de sus tutores.
“El Departamento también está colaborando con el Departamento de Justicia (DOJ) para tomar medidas de cumplimiento contra el Distrito Escolar de Pine-Richland en Pensilvania por las políticas que ordenan al personal escolar, incluidas las enfermeras y los psicólogos, que faciliten las transiciones de género de los alumnos sin el consentimiento de los padres, lo que infringe la FERPA y la PPRA”, refiere el comunicado.
La secretaria de Educación, Linda McMahon, afirmó que la administración mantendrá una postura firme respecto a la transparencia en las aulas y la defensa de los derechos parentales. Advirtió que las políticas orientadas a encubrir información sensible sobre los menores vulneran la ley federal y la obligación moral de los educadores.
El gobierno federal reiteró que la omisión de datos en los registros escolares o el mantenimiento de archivos temporales ocultos constituye una falta grave a las normativas de privacidad. Los distritos que resulten responsables en estas investigaciones enfrentarán medidas coercitivas que podrían incluir la pérdida de fondos federales.




