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LOS ÁNGELES, California, EU, 13 de noviembre de 2026.- El sistema de pensiones estadounidense pudo haber contado con los recursos suficientes para pagar la totalidad de sus prestaciones hasta el año 2059 de haberse mantenido ciertos parámetros económicos históricos, revela un reciente informe elaborado por el Instituto de Política Pública de AARP.
La investigación, basada en datos oficiales de la Administración del Seguro Social y de la Oficina de Análisis Económico, contrasta notablemente con las previsiones actuales de la Junta de Fideicomisarios, las cuales advierten que el fondo fiduciario combinado se agotará en 2034.
De cumplirse las proyecciones vigentes sin mediar reformas estructurales, el programa solo tendría la capacidad financiera para financiar aproximadamente el 80 por ciento de las prestaciones prometidas a los jubilados a partir de la próxima década.
Si bien los analistas suelen atribuir los desafíos financieros del programa exclusivamente a las presiones demográficas derivadas del envejecimiento poblacional, el análisis demuestra que la evolución de los patrones de ingresos ha jugado un papel determinante al erosionar la base de recaudación.
El estudio detalla que la proporción del producto interno bruto sujeta al impuesto sobre la nómina, que representa la principal fuente de ingresos del programa, ha disminuido de manera constante durante las últimas cuatro décadas, pasando del 41 por ciento en 1984 al 34 por ciento en 2025.
Los cálculos señalan que, si la recaudación por dicho impuesto no hubiera descendido en relación con la economía general, la Seguridad Social habría acumulado 10 billones u 800 mil millones de dólares adicionales entre 1984 y 2034.
Esa inyección masiva de ingresos adicionales habría proporcionado al fondo la suficiencia financiera para cubrir el cien por cien de las obligaciones durante veinticinco años más de lo que prevén los fideicomisarios en la actualidad.
Ante este panorama, diversos legisladores han propuesto eliminar el tope salarial del impuesto sobre la nómina y gravar los ingresos por inversiones de las capas de mayores recursos, buscando restaurar los niveles históricos de recaudación sin incrementar la carga fiscal sobre los trabajadores de ingresos medios y bajos.




