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LOS ÁNGELES, California, EU, 31 de octubre de 2026.- El gobernador Gavin Newsom envió este sábado una carta a los jueces presidentes de distrito de los cuatro tribunales federales de distrito de California para advertir de una posible injerencia electoral del gobierno del presidente Donald Trump en los comicios de mitad de mandato del 3 de noviembre.
Según informa un comunicado de prensa, la carta destaca los recursos legales especializados no partidistas para evaluar las solicitudes de órdenes de registro en busca de material electoral que los jueces federales de todo el estado pueden utilizar para garantizar que se mantenga la integridad electoral de California.

“Les escribo para advertirles del riesgo para la integridad electoral que supone que los jueces emitan una orden de registro para incautar papeletas de votación, registros electorales o tecnología de votación certificada mientras una elección está en curso y antes de que se certifiquen los resultados. No les escribo en relación con ninguna solicitud de orden judicial que esté actualmente pendiente en sus tribunales, ya que no tengo conocimiento de que exista ningún asunto de este tipo en este momento.
En las últimas semanas, el fiscal general adjunto Interino, Trent McCotter, el segundo funcionario en importancia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, envió cartas a los funcionarios electorales estatales y locales advirtiéndoles del posible riesgo legal al que se expondrían si no cumplían con las exigencias del Gobierno federal. Bilal Essayli, Primer Fiscal Adjunto de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, ha amenazado explícitamente a través de publicaciones en las redes sociales con iniciar un proceso penal contra los funcionarios electorales que procesen las papeletas emitidas por personas que, según afirman los Estados Unidos, podrían no ser ciudadanos.
Estas amenazas de enjuiciamiento penal de los funcionarios electorales por hacer su trabajo y cumplir con las leyes electorales federales y estatales se han combinado con citaciones del gran jurado federal emitidas a los trabajadores electorales del condado de Los Ángeles.
Además, informes recientes sugieren que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha redoblado sus esfuerzos para llevar a cabo investigaciones penales contra funcionarios electorales estatales y locales que no cumplieron con las exigencias de los Estados Unidos, incluso después de que el juez David O. Carter, quien preside el caso Estados Unidos contra California, aconsejara que “sería prudente que cesaran de inmediato todas las amenazas contra los empleados electos estatales y del condado”, finaliza la carta.

Señala el comunicado que California tiene "estrictas leyes sobre la cadena de custodia, la documentación y la conservación relacionadas con las papeletas de voto y los materiales electorales garantizan que cualquier prueba de presuntas irregularidades relacionadas con las papeletas de voto o los materiales electorales se conserve y sea supervisada adecuadamente por un tribunal".
Es por esto, agrega, que "no existe ninguna razón legítima de aplicación de la ley para incautar las papeletas de voto, los materiales electorales y los equipos necesarios para procesar y contabilizar las papeletas de voto. De hecho, la única razón para hacerlo sería interferir en el recuento legal de las papeletas de voto de un Estado y en la certificación de los resultados de las elecciones.
"Dada la persistencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en promover esta teoría infundada de responsabilidad penal, me preocupa seriamente que los agentes federales soliciten órdenes de registro para incautar las papeletas y los materiales electorales antes de que se certifiquen los resultados de las elecciones. Las tácticas y la retórica que están utilizando los funcionarios federales sugieren claramente que, tras haber perdido repetidamente en los procesos civiles federales hasta ahora, cambiarán rápidamente al ámbito penal.
La instrumentalización bien documentada del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para servir a los fines partidistas y personales del actual Presidente respalda las legítimas preocupaciones sobre nuevos intentos de privar a los votantes de su derecho al voto y de socavar la integridad de las elecciones, hasta el punto de tratar de impedir la certificación de los resultados que, según las últimas encuestas, cambiarán el control de al menos una Cámara del Congreso", denuncia Newsom.
Tras la exposición, el gobernador adjunta un recurso para evaluar las órdenes de registro de materiales electorales, UC Berkeley Edley Center on Law & Democracy, Questions for Assessing A Search Warrant for Election Materials (septiembre de 2026), "que puede ser de interés y ayuda para todos los jueces de primera instancia y jueces de distrito que puedan considerar las solicitudes de órdenes de registro desde ahora hasta que se certifiquen los resultados de las elecciones de California el 11 de diciembre de 2026".
"Lo que está en juego para la democracia y el Estado de derecho es demasiado importante como para considerar una solicitud de este tipo sin un escrutinio adicional y sin ser conscientes de las repercusiones que su aprobación podría tener en la capacidad de los funcionarios electorales de California para cumplir con sus obligaciones de contar los votos emitidos legalmente y certificar los resultados que reflejan la voluntad del pueblo", concluye.




