Exigen retirar nuevo impuesto federal a visas H-1B en California

LOS ÁNGELES, California, EU, 25 de septiembre de 2026.- El fiscal general de California, Rob Bonta, encabezó una coalición de 22 fiscales generales que se opone a una propuesta de la administración Trump para imponer un cargo de más de 100 mil dólares a determinadas solicitudes de visas H-1B, al considerar que la medida es ilegal y perjudicaría sectores como la educación y la atención médica.

La coalición presentó una carta de comentarios ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), en la que argumenta que el nuevo cobro dificultaría la contratación de profesionales altamente calificados para cubrir la escasez de personal en áreas importantes, incluyendo maestros, médicos y enfermeros.

“Esta regla propuesta socavaría la capacidad de California y otros estados para garantizar que servicios esenciales como la educación y la atención médica cuenten con personal altamente capacitado”, afirmó Bonta, quien acusó a la administración federal de exceder su autoridad legal.

Las visas H-1B permiten a empleadores estadounidenses contratar temporalmente a trabajadores extranjeros especializados en ocupaciones que requieren conocimientos técnicos o profesionales avanzados.

Según los fiscales generales, el aumento de costos impactaría directamente a gobiernos estatales, hospitales, escuelas y otras instituciones que dependen de estos programas para cubrir vacantes difíciles de llenar.

La disputa surge después de que el presidente Donald Trump emitiera en septiembre de 2025 una proclama que imponía un cargo de 100 mil dólares a nuevas solicitudes H-1B. En respuesta, Bonta lideró una demanda multiestatal contra la medida y, en junio de 2026, obtuvo un fallo judicial que declaró inconstitucional el cobro y lo dejó sin efecto.

Sin embargo, el 25 de agosto de 2026, USCIS presentó una nueva propuesta regulatoria que contempla un cargo de 103 mil 265 dólares para ciertos empleadores, lo que motivó una nueva objeción de los estados.

En su escrito, la coalición sostiene que la propuesta excede la autoridad legal de USCIS, equivale a la creación de un impuesto sin autorización del Congreso, viola la Ley de Procedimiento Administrativo y fue presentada con un periodo insuficiente para recibir comentarios públicos.

Además de California, la iniciativa cuenta con el respaldo de fiscales generales de Massachusetts, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Virginia, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.

La coalición pidió a USCIS retirar la propuesta y advirtió que el nuevo cargo agravaría la escasez de profesionales en sectores críticos para la población.