Avanza SF contra desalojos mientras Newsom celebra caída de indigencia

SAN FRANCISCO, California, EU, 30 de octubre de 2026.- La crisis de personas sin hogar se enfrenta en el Área de la Bahía por dos vías. Este viernes, el gobernador Gavin Newsom presentó en San Rafael el primer centro de salud conductual financiado con la Proposición 1. Al otro lado del Golden Gate, San Francisco se acerca a la entrada en vigor de una ley que prohíbe desalojar a inquilinos por deudas de renta inferiores al equivalente de un mes de alquiler. El estado apuesta por sacar a la gente de la calle mediante tratamiento, mientras la ciudad, apuesta por impedir que llegue a ella.

View this post on Instagram

A post shared by Quadratín California (@quadratincalifornia)

La ordenanza municipal, impulsada por la supervisora del Distrito 9, Jackie Fielder, fue aprobada por unanimidad por la Junta de Supervisores. El alcalde Daniel Lurie la respalda y la incluyó en el paquete con el que, el 10 de septiembre, declaró una “emergencia de renta”. La norma entrará en vigor 31 días después de la firma del alcalde, y podría aplicarse a partir de diciembre.

“Es un cambio sencillo, pero muy significativo, a nuestra ordenanza de renta, que ayudará a frenar muchos de los desalojos que estamos viendo hoy”, afirmó Fielder ante la Comisión de Uso de Suelo y Transporte. Allí recordó que una cuarta parte de los casos de desalojo de 2025 correspondió a deudas menores a un mes de renta de mercado.

Qué cambia para los inquilinos

Hasta ahora, la Ordenanza de Renta permitía iniciar un desalojo por falta de pago sin importar el monto adeudado. Con el cambio, el propietario solo podrá proceder cuando la deuda supere la renta de mercado justa que fija cada año el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). Ese umbral es de dos mil 485 dólares para un estudio, dos mil 977 para un apartamento de una habitación y tres mil 604 para uno de dos.

“No va a borrar la deuda de un inquilino con su arrendador ni permitirá que nadie viva sin pagar de forma permanente”, aclaró la supervisora. Una vez superado el umbral, el propietario puede seguir adelante con el proceso. Lurie, por su parte, sostuvo en un comunicado que la ley “dará una estabilidad muy necesaria a los inquilinos de toda la ciudad, pero debe ser un primer paso”.

La medida llega en un mercado bajo presión. Según datos de Apartment List citados por la alcaldía, la renta mediana subió 25.6 por ciento en un año, el mayor incremento entre las grandes ciudades del país en 2026. La Junta de Renta registró más de mil avisos de desalojo en lo que va del año, 44 por ciento más que el año anterior. “Un padre que llegó anoche a casa y encontró un aviso de desalojo en su puerta no puede esperar a que se construya esa vivienda”, dijo el alcalde al declarar la emergencia en el parque Alamo Square.

El resto del paquete, que suma más de 30 millones de dólares, sigue en trámite. Prevé tres millones para dar representación legal gratuita y completa a 400 hogares, un aumento de 25 por ciento en los pagos a desplazados bajo la Ley Ellis y 27 millones para mantener en sus viviendas a unos 650 hogares que perderán sus vales federales a fin de año.

“San Francisco enfrenta una crisis de desalojos, y nos entusiasma ver que el alcalde y la Junta de Supervisores actúan con urgencia para defender a los inquilinos”, señaló Gail Gilman, del Colectivo de Defensa contra Desalojos (Eviction Defense Collaborative).

La apuesta estatal

En San Rafael, Newsom presentó el Ritter Center, que reúne atención médica, una clínica comunitaria de salud mental, tratamiento contra opioides y servicios ambulatorios para adicciones. Según el comunicado oficial, el centro tendrá mil 412 cupos ambulatorios y atenderá a más de siete mil personas al año. La organización ya había abierto sus nuevas instalaciones el 15 de octubre.

“En 2024, los votantes exigieron acción, resultados y rendición de cuentas con la aprobación de la Proposición 1. El anuncio de hoy es otro paso importante para revertir una crisis que se gestó durante décadas, y apenas estamos comenzando”, afirmó el gobernador. “Ya tenemos más del 100 por ciento de las camas y cupos de tratamiento que prometimos a los votantes, antes de lo previsto”, añadió.

La secretaria de Salud y Servicios Humanos de California, Kim Johnson, sostuvo que esto “es lo que significa un progreso real: nuevos centros que abren sus puertas, más opciones de tratamiento y más californianos conectados con la atención que necesitan”. Newsom anunció también la reasignación de más de 146 millones de dólares a tres proyectos en los condados de Los Ángeles y Shasta, entre ellos un centro de 50 camas en Skid Row.

“Estamos ampliando el acceso a la atención y, al mismo tiempo, garantizando que los fondos públicos se usen de forma responsable y eficaz”, indicó Michelle Baass, directora del Departamento de Servicios de Atención Médica (DHCS). El gobierno estatal atribuye a esta estrategia una caída de casi 13 por ciento en la población sin refugio desde 2024, según estimaciones preliminares.

Las cifras, bajo la lupa

Los datos del comunicado requieren matices. Las seis mil 948 camas y los 27 mil 868 cupos ambulatorios que el gobierno presenta como el 102 y el 104 por ciento de la meta corresponden a proyectos financiados, no abiertos. El Ritter Center es el primero en funcionar; el estado prevé abrir otros 13 antes de que termine 2026 y concluir todas las obras en 2028.

En marzo, el portal CalMatters documentó que ninguno de los 10 proyectos de la Proposición 1 previstos para 2025 había abierto a tiempo y que el propio Ritter Center acumulaba unos seis meses de retraso. Ese mismo reporte cifró en mil 370 los cupos del centro, frente a los mil 412 que menciona ahora el gobierno. El bono, de seis mil 400 millones de dólares, fue aprobado por un estrecho margen en 2024.

En San Francisco, los números también admiten más de una lectura. El conteo oficial de enero registró siete mil 973 personas sin hogar, cuatro por ciento menos que en 2024. Las personas sin refugio bajaron 22 por ciento, a tres mil 400, pero las familias sin hogar aumentaron 15 por ciento, de 405 a 465. Organizaciones de defensa cuestionaron la comparación, porque la ciudad cambió la metodología y realizó el conteo de madrugada y no de noche.

Riesgo legal y críticas

La ley de desalojos enfrenta incertidumbre judicial. La Asociación de Apartamentos de San Francisco, que representa a los propietarios, pidió esperar a que la Corte Suprema de California resuelva un caso sobre una norma casi idéntica de Los Ángeles. “Al adoptar la ordenanza ahora, la Junta estaría invitando a litigios sobre una política cuya validez pronto resolverá el máximo tribunal del estado”, advirtió la organización. Un tribunal de apelaciones ya avaló la norma de Los Ángeles, y Oakland y Berkeley aplican reglas similares.

Desde el otro lado, los defensores de inquilinos consideran insuficiente el paquete. “Se queda muy corto frente a lo que se necesita para enfrentar el desplazamiento que está ocurriendo hoy”, dijo Anastasia Yovanopolous, presidenta del Sindicato de Inquilinos de San Francisco, quien advirtió que más fondos para defensa legal “no necesariamente detienen los desalojos”.

La propia Fielder reclamó el control de rentas en unidades vacías, que la ley estatal Costa-Hawkins impide. Entre la prevención local y el tratamiento estatal, el efecto real de ambas apuestas dependerá de dos factores aún pendientes: el fallo de la Corte Suprema y la velocidad con que abran los cientos de centros que el estado ya financió.