Pagan 825 mil dólares por fraude a Medicare en venta de equipo médico

LOS ÁNGELES, California, EU, 21 de septiembre de 2026.- La compañía Crown Medical Solutions LLC y sus propietarios, Michelle y Philanzo King, acordaron pagar 825.000 dólares para resolver las acusaciones en su contra por infringir la Ley de Reclamaciones Falsas al presentar facturaciones fraudulentas al programa de salud federal Medicare.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia, entre el 1 de noviembre de 2017 y el 30 de abril de 2019, la empresa —dedicada al suministro de equipos médicos duraderos como rodilleras, fajas lumbares y estabilizadores de talón— cobró a Medicare insumos otorgados a beneficiarios que no los necesitaban médicamente o que carecían de una prescripción debidamente emitida por un médico. La cifra pactada en la resolución civil se fijó con base en la capacidad de pago actual de los demandados.

“El Departamento de Justicia está comprometido con la lucha contra el fraude en la sanidad y con hacer que rindan cuentas quienes se aprovechan de los programas federales de salud para obtener beneficios personales”, aseveró el subprocurador general Brett A. Shumate, representante de la División Civil del Departamento de Justicia.

El caso derivó de una demanda por denuncia de irregularidades (qui tam) promovida por la ciudadana Karen Martinelli (Estados Unidos ex rel. Martinelli contra Crown Medical Solutions, LLC, y otros), interpuesta ante el Distrito Norte de Georgia. Bajo esta figura legal, que autoriza a particulares a demandar en nombre del Estado y recibir un porcentaje de la suma recuperada, Martinelli obtendrá aproximadamente ciento 023 mil 750 dólares como parte del arreglo.

La resolución fue concretada gracias a la labor coordinada de la División Civil del Departamento de Justicia, la Sección de Litigios Comerciales, la Sección de Fraude y la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Georgia, con el trabajo operativo de la abogada litigante Anna Jugo y la fiscal federal adjunta Neeli Ben-David.

Las autoridades precisaron que la suma acordada responde únicamente al cierre de las alegaciones mediante pacto civil, sin que esto constituya una determinación formal de responsabilidad legal contra la empresa ni sus propietarios.