Demanda DOJ a Glendale por costos de permisos para portar armas

LOS ÁNGELES, California, EU, 10 de noviembre de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el lunes 9 de noviembre una demanda a la ciudad de Glendale, California, por “infringir los derechos de los ciudadanos bajo la Segunda Enmienda mediante tarifas y procesos irrazonables para la obtención de permisos legales de armas de fuego”.

El Departamento de Policía de Glendale (Glendale PD) administra un sistema de permisos en el que el costo total de una solicitud inicial para un permiso de portación oculta oscila entre mil 971 dólares  y dos mil 106 dólares. El costo total para una solicitud de renovación, que los ciudadanos deben tramitar cada dos años, oscila entre mil 271 y mil 406 dólares, refiere un comunicado del DOJ.

“Estas cifras exorbitantes contrastan notablemente con los costos del año fiscal anterior, cuando el Departamento de Policía de Glendale exigía únicamente una tarifa de 100 dólares para quienes solicitaban el permiso por primera vez y de 25 dólares para las renovaciones”, alega el reporte.

Asimismo, afirma que Glendale PD exige entrevistas a referencias del solicitante, exámenes psicológicos, entrevistas al propio solicitante y una revisión de sus declaraciones públicas, incluidas las realizadas en redes sociales, añade.

“El Departamento de Policía de Glendale no publica los criterios objetivos que aplica para llevar a cabo estas verificaciones”, afirma.

Asegura también que las tasas por la expedición de permisos de Glendale PD constituyen un obstáculo injustificado para el ejercicio de ese derecho, y su régimen de permisos carece de los “criterios precisos, objetivos y definidos” que exige el fallo en el caso Bruen. Por consiguiente, señala que las políticas y prácticas del Departamento de Policía de Glendale vulneran los derechos fundamentales a poseer y portar armas de fuego de forma legal.

El fiscal general adjunto interino de la División de Derechos Civiles, Jesús Osete, señala en el comunicado del DOJ que la ciudad de Glendale "no puede imponer tarifas irrazonables ni ejercer una discrecionalidad sin límites que socave este derecho constitucional fundamental".

Bill Essayli, primer fiscal federal adjunto para el Distrito Central de California, dijo que “el derecho a portar armas es un derecho fundamental que los Padres Fundadores consagraron durante los primeros años de nuestra república” y consideró que las tarifas gubernamentales exorbitantes que interfieren con este derecho son contrarias a la Constitución y a los principios fundacionales de la nación.

“Este Departamento de Justicia no se quedará de brazos cruzados mientras nuestras libertades se ven erosionadas”, aseveró.